A Recuperar la Justicia la Paz y la Seguridad
Por: Ing. Josué Noriega Ravelo
La marcha por la vida, la justicia y la paz, convocada por la Diócesis de Chimbote a través del monseñor Francisco Simón Piorno y del decano del Colegio de Abogados Sabino Ponce Rosso, se ha realizado con la participación masiva de instituciones, gremios y ciudadanos de a pie, cansados de la indiferencia y de la incapacidad de autoridades locales y regionales, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, que no pueden detener la ola de violencia y muerte desatadas en nuestra región, y que además no realizan ni la intervención a tiempo, ni la investigación adecuada y por último ni el ejemplar castigo, por lo que la impunidad y la indignación es el destino común de estos hechos de sangre.
Apoyo y aplaudo desde esta columna esta cívica movilización realizada, cuya expresión genuina no debe desvirtuarse por la presencia de potenciales candidaturas políticas, sino que debe ser la manifestación de las instituciones y organizaciones representativas de nuestra región, las mismas que con legítimo derecho están exigiendo justicia y emplazando públicamente a sus gobernantes y autoridades elegidas a cumplir a cabalidad con sus responsabilidades adquiridas.
Todos los crímenes ocurridos en nuestra ciudad deben ser aclarados y castigados, para lo cual se necesita mayor voluntad y energía de parte de quienes investigan e imparten justicia, porque simplemente es inadmisible advertir que muchos de ellos estén caminando inexorablemente a la impunidad, por sospechosas conductas.
Por otro lado, estos hechos de violencia desatados tanto en nuestra región como en todo el país, ponen en serio riesgo nuestra privilegiada condición de destino atractivo a la inversión de capitales nacionales y extranjeros, y lamentablemente nos aleja de la posibilidad de sacar mayor provecho al crecimiento económico que estamos viviendo en estos últimos años y que permita mejorar la calidad de vida de su población. a través de los nuevos puestos de trabajo que estas inversiones generan.
En tal sentido, el gobierno de Ollanta Humala debe manejar estos críticos momentos de inseguridad ciudadana con mayor firmeza, imponiendo el principio de autoridad, haciendo cumplir las leyes y sin muestras de debilidad ni dejándose colocar una pistola en la cabeza para negociar con revoltosos, con grupos de poder o con grupos extremistas que tanto daño le hicieron al país.
Estamos en un país democrático en donde los ciudadanos exigimos tranquilidad, respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, así como la correcta administración de justicia.
En el caso de nuestra región, la población viene exigiendo que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, asuman su responsabilidad investigando a profundidad esta ola de crímenes y castigando ejemplarmente a sus autores. Ya bastante indignación le genera obras sobrevaloradas y mal hechas, como las que se realizan en la avenida Pardo; o como otras necesarias y que se mantienen olvidadas a pesar de contar con millonarios recursos, como el camal municipal moderno que remplace al actual matadero precario y antihigiénico, o el teatro municipal que identifica a las ciudades prósperas y emergentes. Ni qué decir del malestar causado por obras convertidas en “elefantes blancos” como el mercado mayorista, en el que se invirtieron cerca de 36 millones de nuevos soles y no ha contribuido en nada a solucionar el problema para lo cual fue construido.
Estas incómodas circunstancias de inseguridad, desorden, ineficiencia y corrupción observadas en nuestras autoridades elegidas, Policía Nacional de Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, están desarrollando un caldo de cultivo y una sensación de descontento en la población que ojalá no desencadene en más violencia. La marcha por la vida, la justicia y la paz, ojalá que cumpla el cometido de hacerlos reaccionar y podamos alcanzar el clima de tranquilidad a la que todos los ciudadanos tenemos derecho.
